PUJA EN LA LEGISLATURA

El PJ ya le cerró las puertas a la reforma tributaria de Binner

Un informe técnico de profesionales del Partido Justicialista critica los cambios en el régimen impositivo que propone el oficialismo. Servirá de base teórica para que los legisladores no lo voten.

El pasado jueves el Frente Progresista, Cívico y Social obtuvo dos importantes victorias legislativas al aprobarse la ley de implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal y la ley de creación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad Laboral. En mayor o menor medida los diversos sectores justicialistas acompañaron las iniciativas del oficialismo –pese a algunas diferencias políticas y técnicas–, en ambos proyectos considerados estructurales por el Poder Ejecutivo. Ahora, con las dos normas en el haber, la coalición gobernante comenzará desde esta semana a acelerar las discusiones y debates internos sobre la reforma impositiva que el gobernador Hermes Binner envió a la Cámara de Diputados, cuerpo legislativo cuya mayoría parlamentaria pertenece al Frente Progresista. Sin embargo, más allá de que los números favorezcan las pretensiones políticas oficiales, el PJ ya instó orgánicamente a sus legisladores a no votar las modificaciones al régimen tributario provincial. En ese sentido, los cuadros técnicos del Partido Justicialista presentaron un informe que servirá de base teórica a la oposición para defender su postura, contraria –entre otras cosas– a volver a gravar con el uno por ciento de Ingresos Brutos a industrias que facturen más de dos millones de pesos al año y a empresas constructoras cuya facturación supere el millón de pesos anual. “El proyecto de reforma impositiva de la actual gestión se basa en varios pilares: modificaciones a determinados aspectos de procedimiento fiscal; eliminación de los beneficios de promoción industrial; eliminación de las exenciones del impuesto a los Ingresos Brutos a determinadas actividades e incremento de los impuestos Inmobiliario e Ingresos Brutos”, indicaron economistas del PJ. En primer lugar, dijeron que “los cambios proyectados” sobre el procedimiento fiscal “merecen fuertes objeciones técnicas y jurídicas de distintos estamentos profesionales y organizaciones representativas de la producción”. En tal sentido expresaron que los principales cuestionamientos refieren a: “El establecimiento de la Subsecretaría de Ingresos Públicos como órgano competente en la resolución de los recursos de apelación contra las resoluciones de la API (órgano superior directo), en reemplazo del Poder Ejecutivo con intervención de Fiscalía de Estado. Y afianzamiento del «solve et repete (pague primero y discuta después)», figura actualmente muy cuestionada en sede judicial”. Además, que “faculta a los ejecutores fiscales para que puedan disponer embargos en los procesos de demanda de ejecución fiscal; faculta a la API a otorgar quitas de intereses y multas en forma permanente (seudo moratoria); incorpora una disposición transitoria, por la cual faculta a la API a establecer reducciones de sanciones de hasta dos tercios del monto fijado o aplicado, para los casos que se encuentren en discusión administrativa”. En segundo lugar, desde el justicialismo también se puso reparos “a la modificación sobre el impuesto inmobiliario”. Por ejemplo, los técnicos del peronismo –a través del mismo informe– indicaron que el incremento de dicho tributo será “de hasta el 600 % en el inmobiliario rural, producto de un ajuste en los avalúos del 450 % y de mantener la misma tabla de alícuotas y tramos”. “La mayor valuación aplicada sobre la tabla vigente (progresiva) implica, para el cálculo del impuesto a pagar, considerar un valor básico de impuesto mayor y un componente porcentual también más alto. Incremento entre el 90 y el 200 % para el inmobiliario urbano, como resultado de un incremento de los avalúos en el orden del 200 por ciento y una disminución en la tabla de básicos y alícuotas aplicables para el cálculo del impuesto”, añadieron. Otra queja del peronismo radica en que, conjuntamente con estos aumentos, hubo recientes incrementos dispuestos en diversas localidades para la Tasa General de Inmuebles y los anuncios de nuevas subas sobre los servicios de agua y energía eléctrica. Y que para el corriente año se dispone una quinta cuota de ambos inmobiliarios. Además de esos efectos directos, según el Frente para la Victoria, habría que agregar que en materia impositiva la mayor presión fiscal no siempre se corresponde con una mayor recaudación, porque eso “normalmente genera mayor evasión”. En tanto, aclararon que se produciría un “efecto nocivo en el incremento de precios” porque se volvería a gravar a la industria manufacturera con Ingresos Brutos, lo cual conllevaría “la consecuente pérdida de competitividad” y “el aliento a la importación en detrimento de la inversión productiva”. De esa manera, el justicialismo se opone de forma terminante a todo cambio impositivo que surja del proyecto elaborado por Hermes Binner. Las cifras 1.800 millones de pesos de recursos adicionales al presupuesto 2008, por mayor recaudación y superávit, es lo que tendría el gobierno para cubrir gastos y erogaciones, según el PJ. 429 millones de pesos se ejecutó en obras públicas en los primeros siete meses de 2008, es decir, apenas un 23 % del presupuesto de dicho ítem, que es de 1.796 millones de pesos. 40,3 % aumentó el gasto de personal en los primeros siete meses de este año. Para el justicialismo casi el 15 % fue utilizado para incrementar la planta política. La oposición brazos “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados” “No vamos a entorpecer el crecimiento de la provincia pero tampoco nos vamos a quedar de cruzados viendo cómo le meten la mano en el bolsillo a la gente”, dijo el presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, Ricardo Spinozzi, y repitió que la administración de Hermes Binner aumentó casi un 15 % “la planta política y el incremento de salarios del gobernador, ministros, secretarios y asesores”. En contra del monotributo provincial Para la oposición el Régimen Simplificado (monotributo provincial) para pequeños contribuyentes disminuirá la recaudación actual del impuesto sobre los Ingresos Brutos y no lo coparticipa a municipios y comunas en este nuevo régimen.