martes, 29 de diciembre de 2015

 Según publicó la revista Foreign Policy

Malcorra fue señalada como supuesta responsable de que la ONU oculte abusos sexuales a menores

La flamante Canciller y ex jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha sido indicada como posible responsable del ocultamiento de abusos sexuales a niños realizados por Cascos Azules de la ONU.


La flamante Canciller Susana Malcorra, quien antes de aceptar la oferta de Macri se desempeñaba como jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue señalada como una de las supuestas resposables, entre un grupo de funcionarios de alto rango de la organización, de ocultar denuncias por abusos sexuales a menores perpetrado por Cascos Azules de la ONU y de la posterior persecución que sufrió el funcionario que filtró la noticia.

Según indica el periodista Walter Goobar en Miradas al Sur, la revista bimestral estadounidense sobre política internacional y temas globales, Foreign Policy, reveló una investigación interna de Naciones Unidas que revela el rol que cumplió la actual Canciller argentina en el posible ocultamiento de estos siniestros hechos. El texto determinó que Malcorra falló en sus respuestas a las violaciones, pero no determinó que incurrió en "abuso de autoridad", como sí lo hizo con otros funcionarios.

"Cuando uno lee el lapidario veredicto de los jueces dado a conocer la semana pasada sobre el triste papel jugado por Susana Malcorra en los intentos de silenciar el escándalo de la ONU, se comprende perfectamente que el ofrecimiento de Mauricio Macri le vino como anillo al dedo. En caso contrario, es probable que a esta altura hubiese tenido que presentar su renuncia a la ONU", asegura Goobar.

Si bien la ONU tendría conocimiento de los abusos desde mayo de 2014, cuando un niño de 11 años declaró que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral y luego lo violó, la noticia sobre los abusos en un campamento para refugiados de República Centroafricana (RCA) recién salió en los medios en abril de 2015, en un artículo del diario británico The Guardian. En total, hay documentados 13 abusos sexuales a niños por parte de 16 soldados de la fuerza de paz.

La semana pasada un panel independiente nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, determinó que varios funcionarios de alto rango, entre ellos Malcorra, habrían estado más preocupados en silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, Anders Kompass, que en proteger a los niños que se encontraban en peligro o de sancionar a los abusadores.

Como a mediados de julio de 2014 la ONU no había tomado ninguna medida contra los abusos, el funcionario sueco Anders Kompass informó sobre el hecho a las autoridades diplomáticas francesas. Según cuenta Goobar, Malcorra quería silenciar el escándalo y para eso habría concertado con distintos funcionarios de alto rango de la ONU un plan para obligar a Kompass a que renunciara.

Malcorra habría organizado una reunión en la ciudad de Turín entre el alto comisionado para los Refugiados, con el fin de discutir el caso Kompass. Semanas después, en abril de 2015, la ONU comenzó una investigación contra Kompass por su “filtración” sobre la denuncia de abuso sexual en la República Centroafricana, cuyo único fin era desentramar dicha filtración y no los abusos en sí.

Luego de que Kompass fuese suspendido con goce de sueldo y escoltado desde su oficina, Susana Malcorra declaró a los medios que Kompass estaba siendo investigado porque era culpable de mala conducta. Recién en junio de 2015 Ban Ki-moon anunció la creación de un panel independiente para revisar y examinar los acontecimientos tras el abuso sexual de los niños en la República Centroafricana.
MARCOS CLERI:
Junto al bloque del FPV denunciamos penalmente al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación por la exclusión de mi persona como integrante del Consejo de la Magistratura.
Quieren garantizar impunidad designando y removiendo jueces según los antojos de Macri.
La denuncia presentada hoy contra Monzó es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al no remitir mi designación como consejero de la Magistratura, y enviar la designación de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara.
También denunciamos la adulteración de un documento público al incluir como avales a la designación ilegítima a diputados que no prestaron ni su conformidad ni su firma.
Estamos muy preocupados y lamentamos profundamente esta sucesión de hechos de fuerte violencia institucional, de avasallamiento de la voluntad popular y la democracia. Quienes durante la campaña se llenaron la boca hablando de respeto de las instituciones, de la división de poderes, de la representación de la oposición, hoy se burlan de los electores y pisotean la democracia con actitudes como esta, o como la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, o como los decretazos de intervención de Afsca y Afticc, o como la orden de reprimir salvajemente a los trabajadores de Cresta Roja. Y al mismo tiempo han provocado un enorme traspaso de recursos de los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios al sector exportador y concentrador de la economía a través de la devaluación y la eliminación y baja de las retenciones agrícolas.
Nos encontramos con esta verdadera maniobra propia de las etapas fraudulentas de nuestra democracia, cometida en torno a una entidad clave como el Consejo de la Magistratura, que tiene la función de nombrar jueces y controlar el trabajo que realizan. Ya lo habíamos advertido y lo vamos a seguir denunciando: la fuerza política que gobierna el país parece querer un Congreso cerrado. Ojalá rápidamente Mauricio Macri y sus funcionarios y legisladores reviertan este tipo de resoluciones y ataques a las instituciones.
"Consejo de la Magistratura: el bloque de diputados del FpV-PJ denuncia penalmente a Emilio Monzó”, se titula el comunicado difundido hoy por el bloque de diputados nacionales del bloque del FPV-PJ, que aquí se transcribe:
Los diputados del bloque del Fpv denunciamos hoy penalmente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al no remitir la designación de Marcos Cleri como consejero de la Magistratura, y en su lugar enviar la designación de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara. A la vez, denunciamos la adulteración de un documento público al incluir como avales a la designación ilegítima a diputados que no prestaron ni su conformidad ni su firma.
En una maniobra gestada entre gallos y medianoche, la alianza gobernante pretende arrogarse la representación en el Consejo de la Magistratura que por derecho le corresponde hasta noviembre de 2018 al bloque de diputados del FpV-PJ, con el objetivo de controlar la designación y remoción de jueces de la Nación.
De acuerdo al artículo 2 de la ley 24937, el Consejo de la Magistratura se integra con trece miembros: tres senadores y tres diputados nacionales, tres jueces, dos representantes de los abogados, uno del ámbito académico y uno del Ejecutivo. En el caso de los diputados y senadores, corresponden dos miembros por el bloque mayoritario y uno por el minoritario.
En noviembre de 2014, el bloque del FpV-PJ designó con mandato hasta noviembre de 2018 al diputado nacional Eduardo De Pedro. En marzo de 2015, De Pedro renunció para hacerse cargo de la Secretaría General de la Presidencia y en su reemplazo fue nombrada Anabel Fernández Sagasti. A su vez, el 10 de diciembre de 2015 Fernández Sagasti concluyó su periodo como diputada de la Nación y en su lugar el bloque designó al diputado Marcos Cleri, mediante nota que fue girada al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el 15 de diciembre.
Este trámite, que debió ser completado automáticamente con su remisión al Consejo, no sólo no se concretó, sino que dio lugar a la maniobra ilegal de la designación de un diputado perteneciente a un bloque que cuenta con sólo 42 integrantes, frente a los 98 diputados del FpV-PJ. No queda ninguna duda de que el bloque FpV-PJ es mayoritario en la Cámara de Diputados, y como tal le corresponde la representación de dos consejeros.
Además, en la RP 1255/15, fechada el 23 de diciembre y que pretende nombrar al diputado del Pro Pablo Tonelli como consejero, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó incluyó el aval de legisladores que sólo se enteraron hoy y por la prensa de ese supuesto aval.
Nuestra intención desde el primer día es garantizar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda. Es el propio gobierno nacional el que se pone palos en la rueda actuando de facto tanto en este caso como en la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Es lamentable asimismo que la UCR participe en esta maniobra, cuando los antecedentes marcan que siempre se respetó su voluntad cuando en el pasado hubo que realizar reemplazos en el Consejo de la Magistratura. El 13 de diciembre de 2007, el entonces titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, por RP 1007/07 aceptó y giró sin objeciones al Consejo la designación de Oscar Aguad en lugar de Federico Storani, pese a que Storani no tenía designado ningún suplente. Lo mismo ocurrió el 12 de noviembre de 2003 (RP 879/03), en el reemplazo de Marcelo Stubrin por el designado Juan Jesús Mínguez.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia debe abstenerse de tomar juramento tanto a los jueces designados por decreto como al consejero ilegalmente propuesto por la alianza gobernante, y el Consejo de la Magistratura no debe reconocer la designación de Tonelli.
La Comuna de Carreras informa que a partir de este lunes 4 de enero comenzará la Colonia de Vacaciones en la pileta comunal.
La colonia estará a cargo de los Profesores de Educación Física, Federico Di Fonzo (guardavidas), Claudia Dellavalle, Adriana Cortassa y Turlo Maria.
Los días LUNES y MIERCOLES en horario de 9 a 12 asistirán NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS.
Los días MARTES Y JUEVES en horario de 9 a 12 asistirán NIÑOS DE 9 A 13 AÑOS.
Los días VIERNES en horario de 9 a 12 asistirán TODOS NIÑOS DE 4 A 13 AÑOS.
Todos los niños recibirán la copa de leche (ración seca y liquida).
Se desarrollaran actividades recreativas, deportivas, estético-expresivas, campamentiles, etc.
La Corte Suprema de Justicia ratificó el procesamiento del presidente del Banco Central puesto por el presidente Mauricio Macri, Federico Adolfo Sturzenegger en la causa por delitos económicos en el denominado Megacanje.
La imputación es la de “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La misma que había resuelto el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos a fines de diciembre de 2013 y que fue revocada por la Sala Segunda de la Cámara Federal en junio de 2014.
La decisión del juez Ramos incluía un “embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos”.
En tanto los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun de la cámara federal dispusieron en la revocatoria del fallo inicial, el sobreseimiento de Sturzenegger, así como de Carlos Federico Molina, Guillermo Eduardo Mondino, Jacobo Julio Dreizzen, Norberto Mauricio López Isnardi, Horacio Tomás Liendo, Ernesto Alberto Marcer y Jorge Amadeo Baldrich.
Ese fallo fue apelado por el fiscal general Germán Moldes, uno de los impulsores de la insólita Marcha de los Paraguas, en la que miles de personas impulsadas por funcionarios judiciales (muchos de ellos encargados de impartir justicia) reclamaron justicia ante la muerte del ex titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman.
Moldes escribió en su apelación que “en la causa hay un frondoso caudal probatorio, que demuestra con solvencia que tras una decisión de política económica del Estado, hubo una maniobra de funcionarios públicos que en nombre del Estado, favorecieron a sus amistades”. Además advirtió que de confirmarse los sobreseimientos “quedarían desvinculados varios funcionarios públicos responsables de esa maniobra delictiva”.
El 29 de abril pasado, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, anuló los sobreseimientos. Catucci sostuvo que las resoluciones judiciales “deben estar fundadas y esa garantía constitucional no fue observada en el frágil pronunciamiento atacado de desincriminación que adolece pues de una correcta evaluación”. El sobreseimiento, entonces, fue “prematuro, y sin los fundamentos necesarios para llegar a ese tipo de conclusión”, decía el documento.
Algunos de los imputados –Liendo y Molina- llevaron el caso hasta la Corte Suprema. Y el máximo tribunal, en una resolución firmada el 15 de diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, desestimó la apelación. “El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la queja.”
El fallo deja firme la decisión de la Cámara de Casación, que anuló los sobreseimientos y dispuso “remitir las actuaciones a su origen, previo paso por la Sala Segunda de la Cámara Federal, para que tome nota de lo decidido, a fin de que se continúe, sin demoras, con la sustanciación del proceso”.
Así, hoy está vigente el fallo del juez de primera instancia, aquel que dispuso los procesamientos y los millonarios embargos.

EN QUE CONSISTIÓ EL MEGACANJE
El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue una operación financiera que el entonces flamante ministro de Economía Domingo Cavallo llevó al presidente Fernando de la Rúa. La operación, planeada por el amigo del ministro David Mulford, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse First Boston, implicó para la Argentina un aumento de la deuda externa y para los siete bancos que participaron una ganancia de 150 millones de dólares en comisiones (20 de ellos, para Mulford).
En el juicio no se hurgó sobre la medida político-económica definida por el gobierno de la Alianza (un canje de 37 tipos de bonos cuyos vencimientos, por el momento del país, eran imposibles de cumplir por parte del Estado), sino por el supuesto beneficio –las comisiones– que en aquella colocación obtuvieron los bancos que intervinieron.
La investigación busca conocer la responsabilidad que tuvieron ex funcionarios, entre ellos Sturzenegger (ex secretario de Política Económica), en esa operación que le costó millones al Estado y le rindió también millonarias ganancias a los bancos. Sturzenegger está procesado como presunto “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Negó haber sido el responsable del cepo cambiario

Moreno: "Mi rol era jugar de cinco: no hacer goles, sino no dejar que pasen ellos"

El ex secretario de Comercio contó detalles de su desempeño en el gobierno anterior, aseguró que el Indec nunca fue intervenido y acusó a los medios de mentir. Además, calificó de "nefastos" a dos ex funcionarios kirchneristas.


El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien estuvo en los últimos años como embajador en Italia, respaldó las medidas implementadas por el gobierno anterior y rechazó las acusaciones en su contra.

En una entrevista con Gustavo Sylvestre, en Radio del Plata, aseguró: . “El Indec nunca fue intervenido por el gobierno Nacional y Popular. Nosotros decíamos la verdad, ellos (por los medios) mentían”. En consecuencia, le pidió a los comunicadores que pidan disculpas o "traigan el decreto que sea similar al que acaba de firmar Macri".

En consecuencia, explicó que "Kirchner lo que hizo fue designar a una persona que tenía más de 30 años en la planta para reemplazar al director de ese momento (en el INDEC), como ahora Macri designa a (Jorge) Todesca" como director. Asimismo, criticó a Todesca y dijo que  “en su consultora calculaba la inflación con dos o tres asistentes y ¿ahora con 90 dice que no puede?".

También, negó haber tenido responsabilidad en el cepo cambiario y aseguró que provino "del Banco Central, que estaba en manos del desarrollismo, eso no es una medida peronista".

Por otra parte, calificó como "nefastos" a dos funcionarios ex kirchneristas: al ex ministro de Economía, Martín Lousteau, y al ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.  En el caso de este último consideró que es un "traidor" por como manejó el conflicto con el campo.

Con respecto a su función dentro del gobierno anterior, explicó: "En los gobiernos cada uno tiene su función, mi rol era jugar de cinco: no hacer goles,  sino no dejar que pasen ellos, la oligarquía y lo que expresan las mil familias dueñas de la Argentina". 

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Axel Kicillof explicó por C5N que la Secretaría de Comercio sancionó con más de 8 millones de pesos a los supermercados por remarcar hasta un 20% los valores en las últimas dos semanas. Negó que se hayan relajado los controles y acusó al gobierno entrante por anticipar que aplicará una devaluación.El ministro de Economía, Axel Kicillof, confirmó que tras el balotaje se registraron "importantes aumentos de precios""No le quiero echar toda la culpa al futuro gobierno, pero deben alertar a las empresas que van a seguir los mismos acuerdos", consideró. En tanto, se aplicaron multas por más de 8 millones de pesos a supermercados por los aumentos.

El secretario de Comercio, Augusto Costa, convocó este martes una reunión del Observatorio de Precios ante las denuncias de subas injustificadas de precios y cortes de abastecimiento, tanto en rubros de consumo masivo como en otros sectores de la economía, recibidas durante las últimas dos semanas. 

Por ello se intensificaron de las inspecciones "donde se pudo constatar la existencia de numerosas listas de precios de empresas líderes del mercado con incrementos que rondan el 10% promedio, con máximos superiores al 20% en algunos productos puntuales", cita un comunicado del Ministerio de Economía quien denuncia que estos aumentos ocurren "luego de dos años consecutivos de desaceleración de los precios, según exhibe la evolución del IPC-UN, tal como reconoce también la totalidad de las mediciones privadas".

Costa informó además que se realizaron numerosas comunicaciones y reuniones con las empresas y cámaras de los sectores involucrados, quienes reconocieron estas subas. "Las mismas se deben, según sostienen los representantes empresariales, al incremento del costo derivado de las medidas anunciadas por las autoridades electas, particularmente la devaluación de la moneda, la reducción de los subsidios a la energía y la eliminación de las retenciones", sostiene la misiva. 

"En efecto, los bienes con componentes importados sufrirán un incremento de costos con una devaluaciónLa reducción de las retenciones también elevará el costo de la materia prima en el mercado internoEl cambio en materia de subsidios a la energía incrementará los costos de producción. En la misma línea, se verificaron casos de desabastecimiento por acaparar mercadería a la espera de un aumento de precios futuro", indica la misiva.

En diálogo con C5N, Kicillof aseguró que "muy lejos de relajar los controles pusimos más inspectores en la calle" y detalló que los empresarios justificaron los aumentos con el argumento de que "en dos semanas va a haber una devaluación".

"Si me dicen que en unos días puede haber una devaluación muchos empresarios preventivamente aumentan los preciso para poder solventar los gastos futuros de compra de insumos más caros", explicó Kicillof y advirtió que "anunciar que va a haber una devaluación es un experimento que no se ha hecho nunca, y los efectos se empiezan a adelantar".

Macri ya tuvo su primer cortocircuito con Brasil

Tras las afirmaciones del próximo presidente, Dilma Rousseff se negó a excluir a Venezuela del Mercosur y consideró que “la cláusula democrática se plantea en hechos determinados”, “no puede ser usada en base a hipótesis”.
Después de ser elegido como próximo presidente de la nación, Mauricio Macri, expresó que pedirá aplicar la cláusula democrática contra Venezuela por tener presos políticos, entre ellos Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel bajo acusaciones de incitar a la violencia durante protestas contra el presidente bolivariano, Nicolás Maduro.

En este marco Rousseff rechazó utilizar ese instrumento porque no existen causas que lo sustenten para excluir a Venezuela del Mercosur, como pretende hacerlo el presidente electo, Mauricio Macri.

“La cláusula democrática ya existe en el Mercosur, pero requiere de hechos determinados”, declaró Rousseff en una rueda de prensa, al margen de la Conferencia sobre el clima (COP21) que se lleva a cabo en Le Bourget, al norte de París.

También recordó que la cláusula se invocó en 2012 para excluir momentáneamente a Paraguay, tras la destitución por el Senado del presidente Fernando Lugo. “Pero tiene que plantearse sobre hechos determinados, no de forma genérica”, recalcó.

Macri anticipó que pedirá aplicarla contra Venezuela y declaró: “Lo vamos a hacer como lo dijimos en la campaña. Vamos a invocar la cláusula democrática contra Venezuela, le corresponde por los abusos y por la persecución a los opositores”.