miércoles, 6 de enero de 2016

No todo lo que sube son globos amarillos

Una encuesta de CEOP advierte que, a menos de 20 días de iniciada la gestión de Macri, se duplicó la preocupación por el desempleo, que hasta ahora se mantenía baja, y creció el temor a la situación económica. La inseguridad se mantiene como principal problema.Mauricio Macri mantiene los índices de buena imagen que tenía en los dos últimos meses de la campaña electoral –57 por ciento lo ve con buenos ojos–, pero a menos de 20 días de gestión, en la opinión pública se encienden alarmas de distinto tipo. Hay un crecimiento muy notable –se duplicó– de la preocupación por la desocupación, algo que ranqueó muy bajo en los últimos años. Y en este terreno, el de las preocupaciones, sigue fuerte el de la inseguridad, pero se reforzó el temor al aumento de la inflación, al crecimiento de los conflictos sociales y hay dudas sobre la calidad institucional. La mayoría de las medidas del gobierno tienen aprobación, aunque hay dos que tienen más rechazo que aprobación: la devaluación y el decreto con el que se pretende designar dos jueces de la Corte Suprema. Cuando se le pregunta a los ciudadanos si con el gobierno de Macri estarán mejor, hay seis de cada diez que son optimistas. Del otro lado, una clara mayoría sostiene que “las primeras medidas de Macri favorecen más a las grandes empresas que a los trabajadores”.
Las conclusiones surgen de una amplia encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1200 personas en todo el país, respetando la proporción por edad, sexo y nivel económico-social. La metodología fue telefónica.

Imágenes

“La imagen positiva del actual presidente se mantiene en los niveles obtenidos en los dos últimos meses de la campaña –señala Bacman–. Allí permanece en el 56 o 57 por ciento, un valor alto. Si uno mira un poco más a fondo, es una imagen que tensa la sociedad: la mayor parte considera esa imagen como muy positiva (41 por ciento) o, por el contrario, como muy negativa (26 por ciento). El término medio es un componente que hasta el momento posee menos peso estadístico”.
Lo cierto es que, como la mayoría de los nuevos mandatarios, Macri arrancó con buenas expectativas. De las medidas que puso en marcha, tiene amplia aprobación el bono para jubilados (77 por ciento), curiosamente una medida que solían tildar de populista, la eliminación del cepo (61 por ciento) y la eliminación de retenciones (59 por ciento). Bacman remarca que hay dos medidas que tienen más rechazos que aceptaciones. La primera, es contradictoria con el elogio a la apertura del llamado cepo: casi la mitad de los consultados están en contra de la devaluación. La otra medida que tiene algo más de rechazo que de aprobación es el decreto que pretende designar a dos nuevos integrantes de la Corte.

Preocupaciones

“Hay que mirar las preocupaciones como un contexto en el que se desarrollan las cosas –explica Bacman–. No hay nada nuevo con respecto a la inseguridad y no es fácil un cambio en tres semanas. Seis de cada diez personas dicen que sigue siendo su principal desvelo. A continuación se enciende el primer semáforo amarillo: la preocupación por la economía argentina en su conjunto. Eso trepa al 45 por ciento. Otro dato de contexto que no debe tomarse a la ligera es la preocupación por la desocupación. Esto se instala siempre en el imaginario colectivo de los argentinos cuando la marcha de la economía preanuncia tiempos con posibilidad de turbulencias. Al día de hoy, la preocupación por el desempleo subió al doble, desde el diez por ciento al veinte”.
Para Bacman “hay semáforos amarillos que están tornando al naranja. Tres cuestiones ocuparán el pensamiento de los argentinos a la hora de levantar las copas para recibir el nuevo año. En primer lugar, el aumento de la inflación (82,2 por ciento está preocupado), el aumento de los conflictos sociales (74,3 por ciento) y regresa el temor por la calidad institucional (61 por ciento)”. Como se ve, en el marco de un inicio con buenos índices de aprobación, hay luces amarillas encendidas.

Expectativas

Nada menos que seis de cada diez consultados dicen que la Argentina estará mejor en 2016. Los optimistas duplican a los pesimistas. Incluso hay un 40 por ciento que sostiene que vendrán inversiones al país: no es una mayoría contundente, pero muestra a una franja de la población que está esperanzada.
Respecto de las expectativas de cambio, Bacman responde: “para la mayor parte, casi el 68 por ciento, Macri demostró en estos primeros días de gestión ‘vocación por el diálogo y el consenso’. ¿Eso alcanza? Seguramente no, pero por el momento les está rindiendo suculentos dividendos políticos. Sin embargo, por debajo de lo manifiesto navega inexorable lo subyacente. Cuando se pregunta si las medidas económicas que tomó la actual gestión favorecen más a las grandes empresas que a los trabajadores, la respuesta es extremadamente contundente. Ya el 57 por ciento expresa que está de acuerdo con esa frase, es decir que las medidas favorecen a los que tienen más poder económico. No queda duda que, para Macri, el riesgo está presente”.
“Exitos, paradojas y fuertes riesgos coexisten en la opinión pública –concluye Bacman–. Y eso ocurre cuando la gestión de Mauricio Macri ni siquiera ha cumplido su primer mes. Desafíos que se le presentan para transitar el tiempo que le falta para cumplir los primeros cien días de gestión. Allí las cartas estarán echadas: allí es donde el perfil de un gobierno queda más al descubierto y, por ende, más expuesto”.
NO A LA INTERVENCIÓN DEL ARCHIVO NACIONAL PARA LA MEMORIA
Compartimos el Comunicado de la Presidencia Archivo Nacional para la Memoria frente a la posible intervención por parte del gobierno de Mauricio Macri. No a la intervención del Archivo Nacional para […]
Pietragalla
Compartimos el Comunicado de la Presidencia Archivo Nacional para la Memoria frente a la posible intervención por parte del gobierno de Mauricio Macri.
No a la intervención del Archivo Nacional para la Memoria
Desde el Archivo Nacional para la Memoria vemos con preocupación la intención del gobierno de Macri de desconocer el nombramiento de Horacio Pietragalla Corti como presidente del mismo.
El Archivo Nacional de la Memoria es un ente desconcentrado que tiene como función preservar, conservar y difundir informaciones, testimonios y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos realizadas por el Estado Argentino. El nieto restituido Horacio Pietragalla Corti, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, fue nombrado como presidente del ANM el pasado 6 de diciembre, luego de que venciera el cargo de su antecesor, el dr. Ramón Torres Molina. Tal como establece el decreto que dio creación al Archivo, el cargo es nombrado por el Presidente de la Nación y su duración es de 4 años.
La intención de avanzar con la intervención del Archivo, comunicada a los organismos de Derechos Humanos por el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj en el día de ayer, reafirma la intención del PRO de pisotear las instituciones por fuera de la legalidad. Pero además, representa un fuerte retroceso en nuestra historia: la presidencia del ANM fue, desde su creación, consensuada con los organismos de Derechos Humanos, que a lo largo de todos estos años fueron quienes construyeron sus cimientos. El ANM tiene sus orígenes en aquellos datos que fueran presentados a las autoridades nacionales e internacionales por los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado: listados de personas desaparecidas o prisioneras y luego aparecidas en campos de concentración que habían sido elaborados por grupos de familiares de las víctimas o por sobrevivientes, que luego conformaron lo que hoy conocemos como organismos de Derechos Humanos. Una vez restablecida la democracia y con la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CoNadeP), los organismos, las víctimas y los familiares de las mismas fueron invitados a alcanzar toda la información de la que disponían.
Esta información fue luego elevada a la justicia y pasó a conformar los legajos de denuncias, o legajos CoNadeP. Desde ese momento, toda la documentación recolectada sirvió de insumo para todas las causas judiciales que se impulsaron en nuestro país, gracias a la incansable lucha de los organismos de Derechos Humanos.
En el año 2003, el Presidente Néstor Kirchner, además de impulsar la reapertura de los juicios y el fin de la impunidad que había caracterizado los años 90, creó el Archivo Nacional de la Memoria con el objetivo de resguardar toda aquella información.
El decreto de creación del ANM otorga el carácter intangible al material testimonial, documental e informativo que integra el archivo, donde cada elemento de este patrimonio aporta información auténtica, única e irremplazable para la construcción de las memorias. Parte de este acervo documental se creó a partir de los relatos, resistencias y vivencias de las víctimas y sus familiares, contiene información sensible y que pertenece al fuero más íntimo de los sobrevivientes.
Entre las funciones que cumple el Archivo se encuentra además la de contestar los oficios y pedidos de informes provenientes del Poder Judicial y de distintas dependencias del Poder Ejecutivo, acerca de los eventuales antecedentes por violaciones a los derechos humanos del personal de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. El ANM cumplió también un rol fundamental en cuanto a la recopilación de información para las investigaciones sobre los delitos económicos y las responsabilidades civiles durante la última dictadura.
Los organismos de DDHH fueron y son parte imprescindible en este entramado, conformación y crecimiento del acervo documental, por lo que su conexión tanto con el material como con el espacio que los alberga es fundamental, le da sentido, acompaña y ayuda a su supervivencia en el tiempo. Los organismos son el contralor con el Estado para la salvaguarda de la memoria colectiva en relación a nuestra historia más reciente, a través de los documentos escritos, testimonios orales, fotografías que las víctimas fueron acercando al ANM con el fin de que sean guardados, depositando una confianza que es intransferible a un gobierno que asume en el marco de un proyecto sostenido por los mismos grupos económicos que se beneficiaron con la última dictadura cívico – militar.
Es por esto que vemos con suma preocupación el desconocimiento de nuestra historia de lucha, memoria y búsqueda de justicia por parte del gobierno de Macri.

martes, 29 de diciembre de 2015

 Según publicó la revista Foreign Policy

Malcorra fue señalada como supuesta responsable de que la ONU oculte abusos sexuales a menores

La flamante Canciller y ex jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha sido indicada como posible responsable del ocultamiento de abusos sexuales a niños realizados por Cascos Azules de la ONU.


La flamante Canciller Susana Malcorra, quien antes de aceptar la oferta de Macri se desempeñaba como jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue señalada como una de las supuestas resposables, entre un grupo de funcionarios de alto rango de la organización, de ocultar denuncias por abusos sexuales a menores perpetrado por Cascos Azules de la ONU y de la posterior persecución que sufrió el funcionario que filtró la noticia.

Según indica el periodista Walter Goobar en Miradas al Sur, la revista bimestral estadounidense sobre política internacional y temas globales, Foreign Policy, reveló una investigación interna de Naciones Unidas que revela el rol que cumplió la actual Canciller argentina en el posible ocultamiento de estos siniestros hechos. El texto determinó que Malcorra falló en sus respuestas a las violaciones, pero no determinó que incurrió en "abuso de autoridad", como sí lo hizo con otros funcionarios.

"Cuando uno lee el lapidario veredicto de los jueces dado a conocer la semana pasada sobre el triste papel jugado por Susana Malcorra en los intentos de silenciar el escándalo de la ONU, se comprende perfectamente que el ofrecimiento de Mauricio Macri le vino como anillo al dedo. En caso contrario, es probable que a esta altura hubiese tenido que presentar su renuncia a la ONU", asegura Goobar.

Si bien la ONU tendría conocimiento de los abusos desde mayo de 2014, cuando un niño de 11 años declaró que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral y luego lo violó, la noticia sobre los abusos en un campamento para refugiados de República Centroafricana (RCA) recién salió en los medios en abril de 2015, en un artículo del diario británico The Guardian. En total, hay documentados 13 abusos sexuales a niños por parte de 16 soldados de la fuerza de paz.

La semana pasada un panel independiente nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, determinó que varios funcionarios de alto rango, entre ellos Malcorra, habrían estado más preocupados en silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, Anders Kompass, que en proteger a los niños que se encontraban en peligro o de sancionar a los abusadores.

Como a mediados de julio de 2014 la ONU no había tomado ninguna medida contra los abusos, el funcionario sueco Anders Kompass informó sobre el hecho a las autoridades diplomáticas francesas. Según cuenta Goobar, Malcorra quería silenciar el escándalo y para eso habría concertado con distintos funcionarios de alto rango de la ONU un plan para obligar a Kompass a que renunciara.

Malcorra habría organizado una reunión en la ciudad de Turín entre el alto comisionado para los Refugiados, con el fin de discutir el caso Kompass. Semanas después, en abril de 2015, la ONU comenzó una investigación contra Kompass por su “filtración” sobre la denuncia de abuso sexual en la República Centroafricana, cuyo único fin era desentramar dicha filtración y no los abusos en sí.

Luego de que Kompass fuese suspendido con goce de sueldo y escoltado desde su oficina, Susana Malcorra declaró a los medios que Kompass estaba siendo investigado porque era culpable de mala conducta. Recién en junio de 2015 Ban Ki-moon anunció la creación de un panel independiente para revisar y examinar los acontecimientos tras el abuso sexual de los niños en la República Centroafricana.
MARCOS CLERI:
Junto al bloque del FPV denunciamos penalmente al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación por la exclusión de mi persona como integrante del Consejo de la Magistratura.
Quieren garantizar impunidad designando y removiendo jueces según los antojos de Macri.
La denuncia presentada hoy contra Monzó es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al no remitir mi designación como consejero de la Magistratura, y enviar la designación de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara.
También denunciamos la adulteración de un documento público al incluir como avales a la designación ilegítima a diputados que no prestaron ni su conformidad ni su firma.
Estamos muy preocupados y lamentamos profundamente esta sucesión de hechos de fuerte violencia institucional, de avasallamiento de la voluntad popular y la democracia. Quienes durante la campaña se llenaron la boca hablando de respeto de las instituciones, de la división de poderes, de la representación de la oposición, hoy se burlan de los electores y pisotean la democracia con actitudes como esta, o como la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, o como los decretazos de intervención de Afsca y Afticc, o como la orden de reprimir salvajemente a los trabajadores de Cresta Roja. Y al mismo tiempo han provocado un enorme traspaso de recursos de los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios al sector exportador y concentrador de la economía a través de la devaluación y la eliminación y baja de las retenciones agrícolas.
Nos encontramos con esta verdadera maniobra propia de las etapas fraudulentas de nuestra democracia, cometida en torno a una entidad clave como el Consejo de la Magistratura, que tiene la función de nombrar jueces y controlar el trabajo que realizan. Ya lo habíamos advertido y lo vamos a seguir denunciando: la fuerza política que gobierna el país parece querer un Congreso cerrado. Ojalá rápidamente Mauricio Macri y sus funcionarios y legisladores reviertan este tipo de resoluciones y ataques a las instituciones.
"Consejo de la Magistratura: el bloque de diputados del FpV-PJ denuncia penalmente a Emilio Monzó”, se titula el comunicado difundido hoy por el bloque de diputados nacionales del bloque del FPV-PJ, que aquí se transcribe:
Los diputados del bloque del Fpv denunciamos hoy penalmente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al no remitir la designación de Marcos Cleri como consejero de la Magistratura, y en su lugar enviar la designación de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara. A la vez, denunciamos la adulteración de un documento público al incluir como avales a la designación ilegítima a diputados que no prestaron ni su conformidad ni su firma.
En una maniobra gestada entre gallos y medianoche, la alianza gobernante pretende arrogarse la representación en el Consejo de la Magistratura que por derecho le corresponde hasta noviembre de 2018 al bloque de diputados del FpV-PJ, con el objetivo de controlar la designación y remoción de jueces de la Nación.
De acuerdo al artículo 2 de la ley 24937, el Consejo de la Magistratura se integra con trece miembros: tres senadores y tres diputados nacionales, tres jueces, dos representantes de los abogados, uno del ámbito académico y uno del Ejecutivo. En el caso de los diputados y senadores, corresponden dos miembros por el bloque mayoritario y uno por el minoritario.
En noviembre de 2014, el bloque del FpV-PJ designó con mandato hasta noviembre de 2018 al diputado nacional Eduardo De Pedro. En marzo de 2015, De Pedro renunció para hacerse cargo de la Secretaría General de la Presidencia y en su reemplazo fue nombrada Anabel Fernández Sagasti. A su vez, el 10 de diciembre de 2015 Fernández Sagasti concluyó su periodo como diputada de la Nación y en su lugar el bloque designó al diputado Marcos Cleri, mediante nota que fue girada al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el 15 de diciembre.
Este trámite, que debió ser completado automáticamente con su remisión al Consejo, no sólo no se concretó, sino que dio lugar a la maniobra ilegal de la designación de un diputado perteneciente a un bloque que cuenta con sólo 42 integrantes, frente a los 98 diputados del FpV-PJ. No queda ninguna duda de que el bloque FpV-PJ es mayoritario en la Cámara de Diputados, y como tal le corresponde la representación de dos consejeros.
Además, en la RP 1255/15, fechada el 23 de diciembre y que pretende nombrar al diputado del Pro Pablo Tonelli como consejero, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó incluyó el aval de legisladores que sólo se enteraron hoy y por la prensa de ese supuesto aval.
Nuestra intención desde el primer día es garantizar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda. Es el propio gobierno nacional el que se pone palos en la rueda actuando de facto tanto en este caso como en la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Es lamentable asimismo que la UCR participe en esta maniobra, cuando los antecedentes marcan que siempre se respetó su voluntad cuando en el pasado hubo que realizar reemplazos en el Consejo de la Magistratura. El 13 de diciembre de 2007, el entonces titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, por RP 1007/07 aceptó y giró sin objeciones al Consejo la designación de Oscar Aguad en lugar de Federico Storani, pese a que Storani no tenía designado ningún suplente. Lo mismo ocurrió el 12 de noviembre de 2003 (RP 879/03), en el reemplazo de Marcelo Stubrin por el designado Juan Jesús Mínguez.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia debe abstenerse de tomar juramento tanto a los jueces designados por decreto como al consejero ilegalmente propuesto por la alianza gobernante, y el Consejo de la Magistratura no debe reconocer la designación de Tonelli.
La Comuna de Carreras informa que a partir de este lunes 4 de enero comenzará la Colonia de Vacaciones en la pileta comunal.
La colonia estará a cargo de los Profesores de Educación Física, Federico Di Fonzo (guardavidas), Claudia Dellavalle, Adriana Cortassa y Turlo Maria.
Los días LUNES y MIERCOLES en horario de 9 a 12 asistirán NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS.
Los días MARTES Y JUEVES en horario de 9 a 12 asistirán NIÑOS DE 9 A 13 AÑOS.
Los días VIERNES en horario de 9 a 12 asistirán TODOS NIÑOS DE 4 A 13 AÑOS.
Todos los niños recibirán la copa de leche (ración seca y liquida).
Se desarrollaran actividades recreativas, deportivas, estético-expresivas, campamentiles, etc.
La Corte Suprema de Justicia ratificó el procesamiento del presidente del Banco Central puesto por el presidente Mauricio Macri, Federico Adolfo Sturzenegger en la causa por delitos económicos en el denominado Megacanje.
La imputación es la de “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La misma que había resuelto el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos a fines de diciembre de 2013 y que fue revocada por la Sala Segunda de la Cámara Federal en junio de 2014.
La decisión del juez Ramos incluía un “embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos”.
En tanto los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun de la cámara federal dispusieron en la revocatoria del fallo inicial, el sobreseimiento de Sturzenegger, así como de Carlos Federico Molina, Guillermo Eduardo Mondino, Jacobo Julio Dreizzen, Norberto Mauricio López Isnardi, Horacio Tomás Liendo, Ernesto Alberto Marcer y Jorge Amadeo Baldrich.
Ese fallo fue apelado por el fiscal general Germán Moldes, uno de los impulsores de la insólita Marcha de los Paraguas, en la que miles de personas impulsadas por funcionarios judiciales (muchos de ellos encargados de impartir justicia) reclamaron justicia ante la muerte del ex titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman.
Moldes escribió en su apelación que “en la causa hay un frondoso caudal probatorio, que demuestra con solvencia que tras una decisión de política económica del Estado, hubo una maniobra de funcionarios públicos que en nombre del Estado, favorecieron a sus amistades”. Además advirtió que de confirmarse los sobreseimientos “quedarían desvinculados varios funcionarios públicos responsables de esa maniobra delictiva”.
El 29 de abril pasado, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, anuló los sobreseimientos. Catucci sostuvo que las resoluciones judiciales “deben estar fundadas y esa garantía constitucional no fue observada en el frágil pronunciamiento atacado de desincriminación que adolece pues de una correcta evaluación”. El sobreseimiento, entonces, fue “prematuro, y sin los fundamentos necesarios para llegar a ese tipo de conclusión”, decía el documento.
Algunos de los imputados –Liendo y Molina- llevaron el caso hasta la Corte Suprema. Y el máximo tribunal, en una resolución firmada el 15 de diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, desestimó la apelación. “El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la queja.”
El fallo deja firme la decisión de la Cámara de Casación, que anuló los sobreseimientos y dispuso “remitir las actuaciones a su origen, previo paso por la Sala Segunda de la Cámara Federal, para que tome nota de lo decidido, a fin de que se continúe, sin demoras, con la sustanciación del proceso”.
Así, hoy está vigente el fallo del juez de primera instancia, aquel que dispuso los procesamientos y los millonarios embargos.

EN QUE CONSISTIÓ EL MEGACANJE
El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue una operación financiera que el entonces flamante ministro de Economía Domingo Cavallo llevó al presidente Fernando de la Rúa. La operación, planeada por el amigo del ministro David Mulford, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse First Boston, implicó para la Argentina un aumento de la deuda externa y para los siete bancos que participaron una ganancia de 150 millones de dólares en comisiones (20 de ellos, para Mulford).
En el juicio no se hurgó sobre la medida político-económica definida por el gobierno de la Alianza (un canje de 37 tipos de bonos cuyos vencimientos, por el momento del país, eran imposibles de cumplir por parte del Estado), sino por el supuesto beneficio –las comisiones– que en aquella colocación obtuvieron los bancos que intervinieron.
La investigación busca conocer la responsabilidad que tuvieron ex funcionarios, entre ellos Sturzenegger (ex secretario de Política Económica), en esa operación que le costó millones al Estado y le rindió también millonarias ganancias a los bancos. Sturzenegger está procesado como presunto “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Negó haber sido el responsable del cepo cambiario

Moreno: "Mi rol era jugar de cinco: no hacer goles, sino no dejar que pasen ellos"

El ex secretario de Comercio contó detalles de su desempeño en el gobierno anterior, aseguró que el Indec nunca fue intervenido y acusó a los medios de mentir. Además, calificó de "nefastos" a dos ex funcionarios kirchneristas.


El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien estuvo en los últimos años como embajador en Italia, respaldó las medidas implementadas por el gobierno anterior y rechazó las acusaciones en su contra.

En una entrevista con Gustavo Sylvestre, en Radio del Plata, aseguró: . “El Indec nunca fue intervenido por el gobierno Nacional y Popular. Nosotros decíamos la verdad, ellos (por los medios) mentían”. En consecuencia, le pidió a los comunicadores que pidan disculpas o "traigan el decreto que sea similar al que acaba de firmar Macri".

En consecuencia, explicó que "Kirchner lo que hizo fue designar a una persona que tenía más de 30 años en la planta para reemplazar al director de ese momento (en el INDEC), como ahora Macri designa a (Jorge) Todesca" como director. Asimismo, criticó a Todesca y dijo que  “en su consultora calculaba la inflación con dos o tres asistentes y ¿ahora con 90 dice que no puede?".

También, negó haber tenido responsabilidad en el cepo cambiario y aseguró que provino "del Banco Central, que estaba en manos del desarrollismo, eso no es una medida peronista".

Por otra parte, calificó como "nefastos" a dos funcionarios ex kirchneristas: al ex ministro de Economía, Martín Lousteau, y al ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.  En el caso de este último consideró que es un "traidor" por como manejó el conflicto con el campo.

Con respecto a su función dentro del gobierno anterior, explicó: "En los gobiernos cada uno tiene su función, mi rol era jugar de cinco: no hacer goles,  sino no dejar que pasen ellos, la oligarquía y lo que expresan las mil familias dueñas de la Argentina".