Asignación Universal por Hijo

Diputados de Santa Fe Federal solicitan preferencia para el tratamiento de una ley que incorpore una modificación para los alumnos de escuelas públicas de gestión privada

Los Diputados Nacionales de Santa Fe Federal; Celia Arena, Carlos Carranza, Daniel Germano, Walter Agosto, Juan Carlos Forconi y Jorge Obeid; solicitaron preferencia para el tratamiento del proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 14 inciso E de la ley 24.714, incorporado por el artículo 6 del Decreto 1602/09, respecto de los “requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. Dicho proyecto de autoría de la Diputada Adriana García y del cual la Diputada Arena es cofirmante, fue presentado en el mes abril de este año.

En el mismo, puntualmente, se incorpora una modificación respecto a lo que establecía la ley, que consagraba como requisito el de acreditar la concurrencia de los menores de 18 años y mayores de 4 años, obligatoriamente a establecimientos educativos públicos, dejando fuera de este beneficio a quienes asistieran a colegios públicos de gestión privada, cuyos padres, realizando un gran esfuerzo envían a sus hijos a este tipo de instituciones, por distintas razones como pueden ser convicciones religiosas, filosóficas, afinidad con el programa educativo que ofrecen o porque simplemente no existe otra institución en el lugar donde residen.

Según indica en sus fundamentos el proyecto “lejos estamos, en este supuesto, de chicos que concurren a instituciones privadas de aranceles altos sino por el contrario, se trata de cuotas que se asemejan a las de una cooperadora porque, en su mayoría, son instituciones que cuentan con la subvención del Estado en un 100%, por tanto sus aranceles son utilizados, en su gran mayoría para cubrir sueldos de administrativos o personal de limpieza, etc. Asimismo, el Estado brinda esta subvención, precisamente por su imposibilidad de brindar una educación pública, que garantice el acceso a este derecho por parte de toda la población”.

El proyecto de ley que acompañó la diputada Celia Arena indica que, a estos supuestos, debemos agregar también, por ejemplo, que según el CONSUDEC, existen actualmente alrededor de 3000 colegios católicos en todo el país, en donde concurren alrededor de 280.000 alumnos, y que cómo se encuentra hoy redactada la ley, estarían en condiciones de perder esta asignación universal 80.000 de estos niños, generándose de esta manera una situación de extrema desigualdad y discriminación, lo que en definitiva genera mayores tensiones sociales.

Según explicación de los diputados nacionales santafesinos un sinnúmero de familias que envían a sus chicos a las escuelas públicas de gestión privada dejaron de percibir intempestivamente la Asignación Universal por Hijo, que otorga el gobierno nacional a través de Anses. De la letra del decreto se deduce que una persona sin trabajo o dentro de la economía informal no está en condiciones de pagar un servicio educativo diferencial.

Los diputados nacionales del Peronismo Federal expresaron que así se vulnera lo consagrado en nuestra Constitución Nacional, sobre los tratados internacionales, como es la “Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, entre los que se encuentran el derecho a la obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios de la Seguridad Social.

Convencidos que, la negativa a considerar como certificación válida para continuar percibiendo la Asignación respecto de los niños que concurren a este tipo de establecimientos, se contradice con el carácter de Universal que se le ha querido asignar a la propuesta surgida desde el Poder Ejecutivo Nacional, no permitiendo que el recurso sea distribuido para todos aquellos que lo necesiten, y por eso hemos presentado esta modificación para que sean contemplados.